El Tolima en liquidación

La realidad cruda es que el Tolima de tiempo atrás perdió peso específico en el panorama nacional. Duele decirlo, pero el departamento hace años está en liquidación. Digo esto, porque sus activos productivos se han vendido, o se los han llevado, o se los han robado, y cuando éstos no son de la región y los pocos que hay están en venta, es un despropósito y una incongruencia hablar de desarrollo. A finales del siglo pasado, una alcaldesa de Ibagué, Carmen Inés Cruz, frente al ahogo financiero de la ciudad vendió las acciones que el municipio tenía en Teletolima, algo más de treinta y siete mil millones de pesos; la plata entró y se esfumó en la solución de problemas urgentes. A precios de hoy, con el crecimiento expansivo de las telecomunicaciones, esas acciones valdrían por lo menos cuatro veces su valor inicial. Ahí se protocolizó una venta que dejó más pobre, al pobre Ibagué. Diez años después de la Ley 44, los capitales que habían llegado a la ciudad a raíz de la tragedia de Armero, perdieron sus beneficios tributarios y volaron a otras regiones. Dejaron sí los cascarones y las ruinas de un esplendor mentiroso. No hubo una estrategia empresarial y política para sostener un empleo que tendría a Ibagué en una situación social distinta.

En agosto de 2003, la Superintendencia de Servicios Públicos, decretó la liquidación de Electrolima, una empresa con un activo social de doscientos noventa y un mil usuarios localizados en los cuarenta y siete municipios del Tolima. Así el capital fuera de la nación, la empresa era de los tolimenses. Cuántas electrificaciones rurales en veredas y cuánta riqueza acumulada por generación, distribución y comercialización de energía. Por más de doscientos cincuenta mil millones de pesos entregaron a privados un patrimonio regional en unas condiciones tan absurdas, que sólo como testimonio histórico valdría la pena referirme en una columna posterior a este tema. Y en julio 29 de 2007, el gobierno vendió a Epsa la represa de Hidroprado por ciento cinco mil millones de pesos. El comunicado decía “tanto el Ministerio de Minas y Energía como los demás actores que hicieron parte del proceso mostraron su satisfacción por el resultado...”. ¡Qué vergüenza!

El otro impacto de esta liquidación regional ha sido la salida de entidades estatales y la dependencia absoluta con otras regiones. Cualquier proyecto de vivienda local, debe tramitarse en Findeter Neiva. En agosto de 2007 se creó la regional de Invima en Neiva para atender Tolima, Huila y Caquetá. La sede regional del Banco Agrario está en Huila, así el Tolima tenga mayor vocación agroindustrial. La regional de la DIAN opera en Pereira. Y la del Dane está en Manizales. Esto sin contar una de las adjudicaciones “estrella” del exgobernador Fernando Osorio quien firmó un contrato con Aguas del Huila por más de doce mil millones para hacer un diagnóstico sobre los acueductos locales, las aguas residuales y un plan de potabilización. Este fue el “Tolima Solidario”. Lo que sorprende es que ante esta liquidación sistemática todos permanecen callados: la izquierda, la derecha, los comerciantes, los gremios y la sociedad civil.
En estas condiciones, es evidente que carecemos de peso político específico. Y si no merecemos respeto como sociedad nada habría por hacer. Que no es igual a que tengamos una representación digna que luche con honradez por los intereses del departamento.